11/12/2011 - (Perfil.com)

Quede claro. La creciente deficiencia del Poder Judicial, no abriga optimismo: es obligación la de no distraernos. Lo exige la Constitución –afianzar la justicia–; lo debe exigir el Colegio Público de Abogados. La judicatura (lo digo con tristeza con 54 años de ejercicio de la profesión) viene cuesta abajo desde hace tiempo.

El absurdo pacto de Olivos (1993), iba a derivar en 1994 en reformas de aparente importancia (se constitucionalizaban los partidos políticos, cuando éstos dejaron de ser tales; meros espacios donde se puede ‘entrar’, ‘salir’, ‘entrar en otro lado’, etc. etc.). Se dijo: para evitar el acomodo y sancionar al mal juez (porque el juez tiene garantizado el cargo sin término, salvo la remoción por juicio político) había que crear el Consejo de la Magistratura. Designar a los mejores. El balance apena, aunque hubo designaciones buenas. Si bien una golondrina no hace verano, mírese a Norberto Oyarbide.

La judicatura que debe investigar al poder político está inficionada de lentitudes, de de distracciones, de designaciones por borocotización. O de fulgurantes rapideces cuando se trata del patrimonio de un matrimonio. Claro que con responsabilidades de varios de los fiscales, no de todos. Los fiscales dependen del procurador general, quien goza de fundado afecto de ese poder político. La ronda catonga, pues.
¿La perspectiva es el grito presidencial de quien diciéndose abogada se ocupa de un “derecho cautelar” por un único tema? ¿No es ello presión por expresión? ¿No es presión por silencio callar sobre Antonini, drogas a Barcelona, dineros sucios para campañas electorales, manotazos a la Anses, las armas contrabandeadas, explosión en Río Tercero, las pautas publicitarias, etc., etc., etc.?

Miro a la presidenta de Brasil y su rapidez en descargar fardos cuando los medios independientes privilegian la investigación (la prensa siempre debe controlar al poder) y sacude con exclusiones a funcionarios importantes. Miro a Brasil y su Ley 12.527 sancionada en noviembre pasado, abriendo de manera notable el derecho a la información. Por ley. Por casa, seguimos mal. Sólo ahora, por recientes fallos de algunos Jueces de la Casación (Fégoli, Madueño, Cabral), se nos permite abrir la puerta en procesos donde se investigan conductas de funcionarios públicos. La clandestinidad es lo antirepublicano, aunque esté consagrada por una mera ley procesal. Abrir la puerta permite ver si jueces y fiscales que investigan conductas de Boudou andan con la rapidez del caso y con la valentía que supone la independencia. Abrir la puerta permite observar al investigado y al investigador.

¿Por qué se mantienen normas de prescripción que “salvan” a funcionarios? Lo sé: el tema es del Congreso. Pero también es obligación del Judicial que no se simule investigar (Schoklender-Madres) sino que haya eficacia, imparcialidad, buena fe. Del Judicial es obligación que cuando se advierte que un Juez simula pero hace la plancha, no sólo criticarlo: removerlo del caso y enviar al personaje a enjuiciamiento.

Me decía un juez civil probo, inteligente, estudioso. “Me da apuro decir que soy juez”. Recordaba los minuciosos Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial (India, 2002), norma internacional que enumera 44 exigencias para los jueces. Entre muchas: un Juez de cualquier instancia siempre debe estar informado sobre sus intereses personales y los de su familia.

Ello, para no alegar ignorancia cuando periodistas independientes lo dejan al desnudo. ¿Podremos remontar nuestra pésima calificación internacional en materia de corrupción, habida cuenta de que ella se realimenta con la impunidad? El tema es nuestro: la soberanía no viene del poder; el poder es consecuencia de la soberanía.