Domingo 5 de julio de 2009

EL EXPEDIENTE OLMOS   (también ver)

Hace nueve años que la causa de la deuda ilegal duerme en el Congreso

S.I.

  Es una caja metálica como todas las demás que guardan los expedientes del Archivo General del Congreso. Hace nueve años que nadie lo abría. Pasaron 18 años para que un juez hiciera lugar a la denuncia que Alejandro Olmos presentó en 1982. En 2000, el magistrado Jorge Ballestero, del juzgado federal N°2, sentenció que parte de la deuda externa argentina que fue contraída durante la última dictadura militar era ilegítima. Y así llegó el turno del Parlamento, que continuaría con la investigación para evitar seguir pagando lo que no correspondía.

   En pocos días se cumplen nueve años de que el expediente fue a parar a esa caja metálica en un sótano.

   En abril de 1982, Olmos se presentó ante la justicia. La causa llevó el número 14467. El 14 de julio de 2000, con su fallo, Ballestero probó la ilegalidad de parte de la deuda de los gobiernos de facto, que se había incrementado de US$ 7 mil millones en 1976 a US$ 46 mil millones al finalizar el proceso militar en 1983. Su tesis es que quienes le prestaron dinero al país en aquellos años no podían desconocer que no se trataba de autoridades legítimamente electas.

   "Ha quedado evidenciado en el transutar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos", concluyó el juez en un escrito que envió al Congreso.

  Allí contó, además, que "no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central" y que durante la investigación quedaron probados 477 ilícitos, entre ellos 423 préstamos externos de YPF y 20 operaciones avaladas por el Tesoro Nacional.

   No hubo ningún condenado, ya que los 18 años de demora hicieron prescribir los delitos. No obstante, el propio juez recomendó que el Parlamento, haciendo uso de su potestad constitucional -en su artículo 75- de tratar los temas referidos a la deuda externa, decidiera los pasos a seguir.

   Tras la sentencia, un grupo de diputados pidió que se remitiera la causa para su estudio. Sobresalen las firmas de Alfredo Bravo, Héctor Polino y hoy los filokirchneristas, Alicia Castro y Jorge Rivas.

  El pasado 18 de junio, Moisés Resnik Brenner, integrante del Centro Argentino de Ingenieros, elevó dos notas dirigidas a los presidentes de ambas cámaras para que tras nueve años de silencio, el Parlamento discutiera el fallo de Ballestero. Ni Julio Cobos, del Senado, ni el jujeño Eduardo Fellner, de Diputados, le respondieron.

  "Hay enormes intereses financieros detrás del procedimiento del olvido y confusión. Por eso no puede considerarse sólo como desidia administrativa la historia de cómo se ocultó durante nueve años el expediente que fue enviado al Congreso", señaló Resnick Brenner.

  La sentencia de Ballestero fue inédita. Pero otros países siguieron ese camino. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ordenó una auditoría internacional el año pasado para evaluar la deuda pública de su país. A partir de entonces, Correa comenzó a negociar con sus acreedores una quita del 70% por considerarla "ilegal".

FUENTE: DIARIO PERFIL