La medida, que incluyó un embargo sobre los bienes de Brito, a quien la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, considera el “primer arrepentido” del caso porque denunció al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, entre otros.

A Brito, detenido desde hace un mes y medio por orden del juez, se le atribuye responsabilidad en una presunta asociación ilícita que habría operado con obra sociales, entre ellas la de la Asociación Bancaria, gremio cuyo secretario general, Juan José Zanola, también está procesado con prisión preventiva.

Cuando fue indagado por Oyarbide y el fiscal Comparatore, el 5 de mayo último, Brito se quejó por haber sido interrogado como imputado, ya que pretendía declarar como testigo, por haber denunciado a Zanola y al propietario de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, otro de los procesados con prisión preventiva.

En su declaración indagatoria, Brito había afirmado, por ejemplo, que “el gran proveedor (de remedios) de Lorenzo era (Sebastián) Forza. No en vano Forza tenía casi tres millones de pesos en cheques de Lorenzo, al momento que lo matan o unos meses antes”. Forza, junto a dos socios, fue asesinado en el 2008 en el Triple Crimen de General Rodríguez.
“Creo que eran endosados por Lorenzo y los cheques o gran parte eran de la Obra Social Bancaria. A Forza, a pesar de que yo muchas veces se lo pregunté a Lorenzo, siempre me lo negó rotundamente. Forza le compraba o negociaba con (Martín) Magallanes, con Maffini, con (Marcelo) Abasto con De Marco hijo, Martino de Del Plata, (Ibar) Pérez Corradi, que los conseguía a través de Abasto y Maffini que además los financiaba”. Pérez Corradi tiene un pedido de extradición a los Estados Unidos.

Brito, como dueño de Global Farmacy Service S.A., aparece como firmante de cheques que pasaron por manos de Lorenzo. El procesamiento de Brito se suma a los de Lorenzo, Zanola, Paula Aballay (pareja del sindicalista), Susana Fiona (colaboradora de la anterior en el Policlínico Bancario) y Carlos Torres, testaferro del primero en la droguería San Javier. Brito había sido acusado por supuesta extorsión a Lorenzo y al ex legislador del Frente para la Victoria Sebastián Gramajo.

Fuentes judiciales confirmaron que tras la resolución de la situación procesal de Brito, Oyarbide deberá definir un reiterado pedido del fiscal Luis Comparatore: la eventual citación a declaración indagatoria del ex Superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña K, Héctor Cappacioli. Capaccioli era el funcionario encargado de controlar a las obras sociales, como la Bancaria, y además fue el encargado de recaudar fondos para la campaña de Cristina en el 2007.

FUENTE: CLARÍN