Santa Fe, 2 de Julio de 2010

 Comunicado de Prensa:

CONCESION DE LA AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO

             La Asociación Civil Anticorrupción, reconocida en la Sociedad como denunciante de aquellas acciones y políticas gubernamentales que no se compadecen con las pautas del institucionalismo normativo, democrático y republicano, observa con preocupación crítica el concesionamiento directo a una  U.T.E., del corredor vial Santa Fe – Rosario, uno de los de mayor rendimiento económico del país, sin licitación ni concurso de precios.

            Por lo demás, esta es otra lamentable oportunidad en que se produce una adjudicación semejante, fuera de todo control de licitud.

            La acción de gobierno merece el reparo por  la inobservancia de la legalidad, por ineptitud de gestión o corrupción  de las autoridades del área,  que no previeron – o prefirieron ignorar - el vencimiento del Convenio de Concesión con A.U.F.E.

            El Gobierno Provincial asumió con claras declaraciones – no sólo promesas, sino propuestas – sobre “acciones transparentes” de gestión: la cuestión del “ Puerto de la Música”, la falta de informes sobre: el uso particular de autos oficiales, la contratación de aviones privados para viajes de la Gobernación ( existiendo un avión oficial de la Provincia), la compra de mobiliario y aún automotores para usos privados de jerarcas de la A.P.I. etc., etc., de lo que hemos alertado ya, con diversas acciones legales y nos originan dudas acerca de esa “transparencia”, convirtiendo en organismo  inútil a la Oficina estatal Anticorrupción que creara este gobierno, que además,  carece de funcionamiento por falta  de personal y no tiene posibilidades de realizar denuncias públicas sobre irregularidades.   

           Suena a sorna que se alegue que el Gobierno de la Provincia no podía contratar a personal para hacerse cargo de la autopista, cuando han nombrado sin concurso previo a gran cantidad de funcionarios con importantes sueldos y viáticos, creando estructuras paralelas a las ya existentes.  

          Se impone un informe público sobre estas cuestiones, y un proceso de políticas públicas coherentes entre lo que se declama y se aplica.

          Sea que se produzca la “corrección institucional” del radicalismo o que “suene el escarmiento” del peronismo, el Gobierno Provincial debe dar públicas satisfacciones y analizar si conviene la continuidad del Ministro y demás funcionarios involucrados, dada la sospechosa falta de transparencia apuntada.

                      Dr. Hugo Miretti                                                Dr. Mario Pilo

                     Director General                                              Vice-Presidente